El máximo tribunal provincial rechazó los recursos de la querella y ratificó penas de tres años de prisión condicional para los responsables. La decisión reabre el debate sobre los tiempos judiciales y la proporcionalidad de las condenas.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó las condenas en suspenso en la causa por el derrumbe que provocó la muerte de ocho obreros, un hecho ocurrido hace casi 14 años y que generó un fuerte impacto en la comunidad.
La resolución rechaza los recursos de casación presentados por las querellas y ratifica, en lo sustancial, la sentencia previa. De este modo, se mantienen las penas de tres años de prisión de ejecución condicional para los principales responsables, lo que implica que no deberán cumplir condena efectiva en prisión.
El fallo se conoció en un contexto sensible, a pocos días de un nuevo aniversario de la tragedia, mientras familiares de las víctimas aguardaban una definición judicial definitiva tras más de una década de proceso.
Desde la querella, el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá expresó su desacuerdo con la decisión. “Después de casi catorce años de espera, esta decisión no solo llega tarde, sino que no logra representar adecuadamente la magnitud del daño causado”, sostuvo.
El letrado cuestionó especialmente el tipo de condena aplicada: “Estamos hablando de ocho personas fallecidas y, sin embargo, las condenas permiten que los responsables permanezcan en libertad. Hay una evidente tensión entre el valor justicia y el resultado concreto del fallo”, afirmó.
También planteó objeciones sobre el rol del tribunal en la instancia revisora. “La instancia revisora en Corrientes está llamada a garantizar un control profundo sobre la sentencia; en este caso se ha evitado corregir aspectos sustanciales, lo que hace que sea una decisión injusta“, señaló.
Otro de los puntos señalados por la querella es la extensión del proceso judicial. “Catorce años es una violación abierta al plazo razonable que se le impone a los jueces para cualquier proceso judicial, pero mucho más cuando se trata de una tragedia de esta magnitud. La justicia inoportuna no es justicia“, expresó Cubilla Podestá.
En ese marco, indicó que aún se analizan posibles pasos a seguir en el plano judicial. “Estamos evaluando la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en función de los fundamentos que agravian a nuestros representados”, adelantó.
Con esta resolución, la causa alcanza su instancia final en el ámbito provincial, aunque deja abierto un escenario de discusión más amplio en torno a la respuesta del sistema judicial frente a hechos de alta gravedad, los tiempos de resolución y el alcance de las penas impuestas.
Para los familiares de las víctimas, el fallo tiene un impacto que excede lo jurídico. Según expresó la querella, la decisión “lejos de cerrar la herida, profundiza una sensación de deuda”, en un caso que vuelve a instalarse en el debate público tras años de trámite judicial.
